Extracción compulsiva de sangre y delitos viales : tipicidad, prueba y garantías

Abstract

En el ámbito del derecho penal, la admisibilidad de las medidas de coerción ha sido históricamente objeto de debate y controversia. El interés de la sociedad en investigar y sancionar los delitos, así como el objetivo explícito del proceso penal de alcanzar la verdad material, ha llevado a que la propia Constitución Nacional permita, en determinados casos, la intervención de los órganos encargados de la persecución penal sobre derechos fundamentales como la libertad, la intimidad y la vida privada. Dentro de las medidas de coerción, la extracción compulsiva de sangre de un imputado en el marco de un proceso penal es una de las más controvertidas ya que involucra el equilibrio entre los derechos fundamentales del individuo y el interés de la justicia en obtener pruebas relevantes para esclarecer la comisión de un delito. Varios tribunales nacionales, incluida la Corte Suprema, han rechazado, en algunos casos, su reconocimiento como prueba válida. Este tipo de prueba, por su impacto directo sobre derechos fundamentales, requiere una regulación precisa y estricta. En este contexto, se ha argumentado, y con razón, que la dignidad humana debe ser considerada el límite infranqueable cuando se trata de constreñir a una persona a someterse a una extracción de sangre.