| dc.description.abstract | En el ámbito del derecho penal, la admisibilidad de las medidas de coerción ha sido
históricamente objeto de debate y controversia. El interés de la sociedad en investigar y
sancionar los delitos, así como el objetivo explícito del proceso penal de alcanzar la verdad
material, ha llevado a que la propia Constitución Nacional permita, en determinados casos, la
intervención de los órganos encargados de la persecución penal sobre derechos
fundamentales como la libertad, la intimidad y la vida privada.
Dentro de las medidas de coerción, la extracción compulsiva de sangre de un imputado
en el marco de un proceso penal es una de las más controvertidas ya que involucra el equilibrio
entre los derechos fundamentales del individuo y el interés de la justicia en obtener pruebas
relevantes para esclarecer la comisión de un delito. Varios tribunales nacionales, incluida la
Corte Suprema, han rechazado, en algunos casos, su reconocimiento como prueba válida. Este
tipo de prueba, por su impacto directo sobre derechos fundamentales, requiere una regulación
precisa y estricta. En este contexto, se ha argumentado, y con razón, que la dignidad humana
debe ser considerada el límite infranqueable cuando se trata de constreñir a una persona a
someterse a una extracción de sangre. | es_ES |
