| dc.description.abstract | La crisis económica y social de 2002 obligó a dictar la Ley de Emergencia Pública y
Reforma del Régimen Cambiario, que entre otras medidas dispuso la renegociación de
los contratos de concesión de las empresas de servicios públicos y el congelamiento
tarifario.
Hace más de una década que dicha ley se ha renovado anualmente y las
renegociaciones previstas con las empresas del sector eléctrico aún siguen pendientes.
Esto ha producido profundos cambios en la estructura de funcionamiento y regulación del
sector.
Las tarifas de las empresas transporte y distribución del Área Metropolitana de Buenos
Aires (AMBA) se han mantenido casi sin cambios en los últimos 12 años, mientras que en
el resto de las jurisdicciones provinciales se implementaron esquemas de revisión
tarifarias que se han mantenido en el tiempo y permitieron actualizar el valor de las tarifas
en esas jurisdicciones.
Esto explica las notables diferencias entre las tarifas que pagan los usuarios del Gran
Buenos Aires, atendidos por EDENOR y EDESUR, y las tarifas que se pagan en las
jurisdicciones provinciales que se ejemplifican. Así, se registran casos como los de las
provincias de Córdoba y Santa Fe, cuyas tarifas para un consumo residencial mensual de
300 kW.h son diez veces mayores que las del AMBA.
Para tratar de disminuir estas diferencias, el Gobierno Nacional implementó durante 2014
el “Plan de Convergencia Tarifaria Federal”. Este plan previó el congelamiento de las
tarifas de las empresas provinciales hasta el 31 de diciembre de 2014.
Como contrapartida a dicho congelamiento, se entregarían fondos desde el Tesoro
Nacional para la realización de inversiones, las cuales debían ser consensuadas entre las
provincias y la Nación.
En este contexto, varios estados provinciales suspendieron su actualización tarifaria, pero
la demora en la llegada de los fondos, que retardó a su vez la ejecución de las
inversiones programadas, en conjunto con el contexto inflacionario que atrasó en
términos reales la relación de las tarifas con los costos de prestación, puso en dificultades
a varias empresas provinciales para cumplir con sus obligaciones (por ejemplo, el pago
de la energía a CAMMESA) e hicieron que las provincias volvieran a actualizar sus tarifas
según sus mecanismos originales.
Por otro lado, el retraso de tarifas en el país también se verifica al realizar la comparación
en el nivel regional: la República Argentina y la República Bolivariana de Venezuela son
los países de la región con tarifas más bajas tanto para usuarios residenciales, como
comerciales e industriales.
Es así que, por ejemplo, un usuario residencial argentino tipo paga una tarifa 17 veces
menor que en Chile, y una industria radicada en Argentina abona una tarifa 16 veces
menor que una industria brasilera. | es_ES |
