| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tiene por finalidad presentar una visión variada respecto al
debate instalado en nuestra sociedad ante la vacunación frente a la emergencia sanitaria
provocada por el COVID-19 y la posición tomada por el Estado frente a la misma a través de la
Ley de Vacunación Obligatoria y su concordancia con la Constitución Nacional y de la
supremacía de la misma como fundamento a las leyes que son dictadas en su consecuencia,
como es el caso de ésta ley de vacunación en cuestión.
Además analizare detalladamente el marco legal argentino, fallos jurisprudenciales, doctrina de
reconocidos autores en torno al tema que se expone, como así también se hará mención a la
importancia del principio del respeto por la autonomía perteneciente a la teoría bioética de los
principios.
En la actualidad y desde el surgimiento de los distintos tipos de vacunas preventivas contra el
COVID-19 existieron numerosos movimientos “anti-vacunas” que se manifiestan en contra de la
obligatoriedad de la vacunación. Si bien las razones son diversas y variadas, interesa
considerar en el marco de lo jurídico solo aquellas que rechazan la vacunación en miras de una
posible violación al principio de autonomía de la voluntad en las decisiones sobre el propio
cuerpo.
La investigación en cuestión tiene por propósito abordar el tema de la vacunación obligatoria
con una mirada objetiva, libre de todo tipo de prejuicios sociales, religiosos, morales y de
cualquier otra índole diferente a lo legal. De esta manera se podrá observar si dicha práctica
médica viola o no el principio constitucional de autonomía de la voluntad.
La controversia surgida en el marco de la vacunación contra el COVID-19 desde el comienzo
de la emergencia sanitaria se plantea entre los beneficios que esta conlleva y los perjuicios o
efectos adversos de la misma. En adición al incumplimiento de los tiempos que conllevan las
diferentes etapas de la investigación clínica de una vacuna para su comercialización.
La relevancia de esta investigación consiste en determinar si la ley de vacunación obligatoria
se contrapone o no con el principio de autonomía de la voluntad y las demás normas en las
que se apoyan quienes defienden la no vacunación. Se intentará con este proyecto determinar
la legalidad de la vacunación obligatoria y poder dar un fundamento certero para justificar una u
otra postura.
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A comienzos del mes de marzo del año 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS)
declaró el brote del nuevo coronavirus como una pandemia tras un incremento desmedido del
número de personas infectadas por COVID-19 a nivel global.
Por ello, el Estado Nacional tras constatar la propagación de casos del nuevo coronavirus
Covid-19 adoptó medidas oportunas, transparentes, consensuadas y basadas en evidencia
científica, a fin de mitigar su propagación y su impacto sanitario.
En el marco de la declaración de emergencia publica en materia sanitaria declarada por el
articulo 1 de la ley 27.541, resultó procedente su ampliación mediando el Decreto de
Necesidad y Urgencia nro. 260/2020 en uso de las atribuciones conferidas al Poder Ejecutivo
Nacional por el articulo 99, inciso 1 y 3 de la Constitución Nacional respecto de las medidas a
adoptar con relación al COVID-19.
Por su parte, en atención a lo antedicho, el Estado Nacional sancionó la ley de vacunas
destinadas a generar inmunidad adquirida contra el COVID-19, la cual declaró de interés
público la investigación, desarrollo, fabricación y adquisición de las vacunas destinadas a
generar inmunidad adquirida contra el COVID-19 en el marco de la emergencia sanitaria con el
objetivo de asegurar la cobertura de la población con vacunas seguras y eficaces contra esa
enfermedad.
Por un lado, en nuestro ordenamiento jurídico la ley nro. 27.491 “Control de las enfermedades
prevenibles por vacunación” regula la vacunación obligatoria para todos los habitantes, es
decir, que nuestro país cuenta con un calendario nacional, en el cual todas las vacunas
incluidas son obligatorias y gratuitas. Y por otro lado, estas políticas de vacunación obligatoria
han provocado la oposición de personas que dicen que el gobierno no debería inmiscuirse en
la libertad de un individuo de elegir su aplicación, incluso si ésta incrementa el riesgo de la
enfermedad para aquellos.
Quienes sostienen la postura en contra de la aplicación de la vacuna se apoyan jurídicamente
en el principio de autonomía de la voluntad que se encuentra contenido en diferentes normas
nacionales e internacionales adoptadas por nuestro país.
Es decir, que el fundamento principal de ésta última postura reside en que la autonomía de la
voluntad es un derecho constitucional y todas las normas deben guardar congruencia con dicha
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